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Procedimiento Recaudatorio

El procedimiento de recaudación de los tributos locales está regulado de forma muy concreta en el Reglamento General de Recaudación así como en la Ley General Tributaria.

Las siguientes explicaciones son de carácter general. Para un conocimiento más concreto del tema, puede acceder a la normativa reguladora indicada.

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Los tributos de cobro periódico son: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), así como determinadas tasas que deben pagarse cada año en el período de pago voluntario, según consta en el calendario fiscal aprobado por el ayuntamiento correspondiente.

Los tributos de cobro periódico no requieren notificación individual.

Las demás liquidaciones se notificaran individualmente y deben pagarse en las fechas que se indican en la notificación.

Las cuotas no satisfechas en el período voluntario serán incrementadas con recargos e intereses de demora.

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Cuando no sea posible la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la Administración e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal en los casos es que sea devuelta por ausente, se citará al obligado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

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Cuando no se satisface una deuda dentro del plazo indicado se debe pagar el recargo previsto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria.

El recargo es del 5%, si se paga antes de que sea notificada la providencia de apremio, del 10% si la deuda se paga una vez notificada la providencia de apremio y dentro de los plazos del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria.

Si el pago de las deudas se realiza después de haber notificado la provisión de apremio, se deberá de abonar un recargo del 20%, más los intereses de demora generados desde el día siguiente a la finalización del período voluntario.

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Las cuantías debidas producirán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario y hasta la fecha de su ingreso.

Los intereses se determinarán según el tipo vigente durante dicho período.

El tipo de interés será el de demora de acuerdo con lo que establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 26 de la Ley General Tributaria.

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Cuando las declaraciones o autoliquidaciones se presentan fuera de los plazos legales, sin requerimiento previo, deberán satisfacerse los recargos previstos en el artículo 27 de la Ley general tributaria.

Las cuantías son las siguientes:

  1. Si el ingreso o la declaración se efectúa dentro de los 3, 6 o 12 meses siguientes a la conclusión del plazo voluntario, se aplicará un recargo del 5%, 10% o 15% respectivamente.
  2. Si el ingreso se efectúa después de los 12 meses siguientes a la conclusión del plazo voluntario, se aplicará el recargo del 20% y se exigirán intereses de demora.
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Cuando una deuda no se satisface en el período de pago voluntario, se inicia el período ejecutivo. Supone un recargo del 20% de la deuda no ingresada y la generación de intereses de demora.

El proceso se inicia una vez el Tesorero ha dictado la providencia de apremio (prevista en el artículo 167 de la Ley General Tributaria). En caso de que persista la situación de morosidad puede comportar el embargo de los bienes y derechos del deudor.

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Si el contribuyente, a pesar de habérsele practicado todas las notificaciones reglamentarias, no satisface las deudas que le son exigidas, se podrá proceder a embargar sus bienes en cuantía suficiente para cubrir la deuda.

En este caso, se aplicará el procedimiento establecido en el Reglamento General de Recaudación, en los artículos 70 y siguientes.

Este procedimiento es aplicable en la recaudación de todos los créditos de derecho público. Es relevante la orden de prelación en la que se determina que el dinero efectivo o depositado en entidades de crédito es el bien que va a embargarse en primer lugar.

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Según el artículo 169.1 de la Ley General Tributaria:

El embargo se efectuará sobre los bienes del deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio, respetando siempre el principio de proporcionalidad.

En el embargo se realizará en el orden siguiente:

  1. Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito.
  2. Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.
  3. Sueldos, salarios y pensiones.
  4. Bienes inmuebles.
  5. Intereses, rentas y frutos de toda especie.
  6. Establecimientos mercantiles o industriales.
  7. Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades.
  8. Bienes muebles y semovientes.
  9. Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo.
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Puede interponerse recurso de reposición contra los actos de gestión, inspección y recaudación. El plazo para interponerlos es de 1 mes a partir del día siguiente a la notificación.

Si el recurso se presenta contra la liquidación de un tributo periódico que se gestiona a través del padrón, el plazo será de 1 mes a partir del día siguiente a la finalización de la exposición pública del padrón.

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